La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) tiene un rol activo en la discusión de proyectos de ley, participando en diversas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En esa misma línea y en el marco del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa, la abogada Amuch, Graciela Correa, asistió a la discusión el pasado miércoles 20 de marzo.
En concreto, la moción parlamentaria de los Senadores Carlos Montes, Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla y Rabindranath Quinteros, pretende:
- Fortalecer la labor de la Contraloría General de la República, permitiéndole aplicar directamente las sanciones de censura, multa o suspensión que estimare acordes, en caso de infracciones graves cometidas por los alcaldes.
- En el caso en que se recomendaré la remoción del alcalde, establecer un plazo para el pronunciamiento del Concejo, vencido el cual los antecedentes se remitirán al Tribunal Electoral Regional.
- Asimismo, atendidos los graves casos de sobreendeudamiento advertidos en diversos municipios del país, explicitar en forma más detallada los deberes del alcalde en relación al equilibrio financiero de los municipios y al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales con los funcionarios y proveedores de servicios.
En ese contexto, en plena discusión en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Graciela manifestó que el proyecto “no conduce a una tutela efectiva en cuanto se considere que un órgano administrativo pueda sancionar directamente a una autoridad democráticamente elegida“.
Lo anterior, fue argumentado con los antecedentes de que las municipalidades son organismos constitucionalmente descentralizados, autónomos y sin superior jerárquico, lo que implica que la Contraloría General de la República, como un órgano administrativo, no podría tener la posibilidad sancionar a una autoridad elegida públicamente, “por lo que se estaría incurriendo en una desnaturalización del sistema democrático chileno”.
En ese caso, en cuanto a las causales que podrían ocasionar una destitución, todas ellas están catalogadas como falta grave, siendo el proceso efectivo por la vía judicial de los tribunales ordinarios, a través del Ministerio Público y de los Tribunales Electorales Regionales, órganos independientes que son parte del Estado de Derecho y que garantizan el correcto cumplimiento de las normas; “no así una institución administrativa, que está para interpretar la ley”, manifiesta la abogada.
Finalmente, tuvo palabras para los casos de sobreendeudamientos de los municipios, señalando que la destitución de un alcalde por un problema de recursos, sería “desconocer la realidad de las municipalidades chilenas”.
Por ahora, el proyecto no tiene urgencia, por ende tampoco plazos definidos. Se espera que se tomen en cuenta nuestras consideraciones al momento de votar la idea de legislar.
Esta mañana en Comisión de Gobierno continuamos con el análisis del proyecto de ley que quiere modificar diversos cuerpos legales para que las sanciones a los alcaldes sean efectivas pic.twitter.com/XAOIfTZmxt
— Luz Ebensperger (@Luzebensperger) March 20, 2019
