La Asociación de Municipalidades de Chile indicó que se debe revisar cómo se ajusta la legislación a las garantías que establece la Constitución sobre libre circulación, cómo se entregan las medidas a los municipios y el apoyo a los funcionarios inspectores que deben fiscalizar.

La Comisión de Gobierno Interior recibió a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), para conocer su opinión sobre el proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad (boletín 13.885).

La asesora jurídica de la entidad, Graciela Correa, hizo una exposición basada en una línea de tiempo en relación al tema y manifestó que la cantidad de proyectos de ley que se han presentado sobre la materia, entre ellos una reforma constitucional, dan cuenta de la importancia que tiene la seguridad para las personas.

Planteó que ya antes de la ley 20.499, que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, existía la necesidad de vecinos y vecinas de organizarse en torno a su seguridad.

Al respecto, recordó la postura que tuvo la Contraloría General de la República, antes de la entrada en vigencia de la citada normativa, que subrayaba que no se podía restringir injustificadamente el uso y goce, ni que tampoco se discriminara ni afectaran las garantías constitucionales como libertad de circulación o locomoción.

En la actualidad, manifestó la representante de la Amuch, los municipios se han restringido al marco normativo, detallando que para el ejercicio práctico de esta facultad se requiere una ordenanza que se estructura, además, dentro de un límite claro y pertinente, por ejemplo, en las ciudades o barrios declarados Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de Valparaíso.

Por ello, sostuvo que al tema de la seguridad pública se suma la planificación urbana, los copropietarios y la responsabilidad de la libre circulación, así como la administración de bienes nacionales de uso público.

Propuestas
La expositora explicó que, en cuanto al marco constitucional, las medidas de cierre como de control de acceso no pueden ser tan amplias como para afectar el ejercicio del derecho a la libertad de circulación por las vías.

“La mirada es a revisar para mejorar la legislación en un contexto normativo que se dio hace diez años atrás”, puntualizó.

En ese contexto, Correa dijo que el proyecto tiene relación con problemáticas que la percepción ciudadana considera para perfeccionar la normativa, tales como: el orden procedimental (cómo se entregan las autorizaciones); orden operacional (cómo se establecen estas medidas en el territorio); accionar de cuerpos de seguridad y emergencia, que tienen un detonante de urgencia; y convivencia vecinal frente a la unanimidad que se requiere para los cierres.

“Es pertinente tener en cuenta lo que indica el Tribunal Constitucional cuando se restringe la intervención de los bienes nacionales de uso público, en el sentido de garantizar a la ciudadanía que estas medidas de carácter temporal no invadirán su entorno ni derechos fundamentales”.

De esta manera, para la Asociación de Municipalidades se debe revisar cómo se ajusta la legislación en torno al resguardo del marco de garantías, que establece la Constitución, sobre libre circulación, cómo se entregan las medidas a los municipios y el apoyo a los funcionarios inspectores para que entreguen la información a los ciudadanos a la hora de fiscalizar.

Y, estiman que la única solución constitucional en torno al proyecto de ley es que se mantenga la calificación de calles de único acceso y salida para garantizar dichos derechos.

Además, que las atribuciones municipales deben venir acompañadas de estrategias ciudadanas para contar con el conocimiento de estas medidas, a quién se otorgan, el uso de información, seguimiento de solicitudes, entre otras, y fortalecer las direcciones de seguridad municipal.

La comisión también esperaba contar con la participación de la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell. Sin embargo, la autoridad se excusó de asistir porque debía 8en el mismo horario) estar presente en el anuncio de medidas frente a la contingencia por Covid-19, por lo que se espera su punto de vista para una próxima sesión.

No obstante, los asesores legislativos de la cartera manifestaron que harán llegar a los subsecretarios del Interior, Juan Francisco Galli, y a la subsecretaria Martorell, la solicitud para que el Ejecutivo patrocine la iniciativa.

FUENTE: www.camara.cl