En la actualidad, se busca revertir el complejo escenario en el que se registraron 1.313 muertes en el sistema de protección y justicia entre los años 2005 y 2016, constituyéndose así un nuevo Acuerdo Nacional para la Infancia que, principalmente, busca reemplazar el fallido SENAME por dos nuevos y modernos servicios públicos: el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, para hacerse cargo de los niños y adolescentes vulnerables, y el Servicio de Responsabilidad Adolescente para hacerse cargo de los infractores de esta ley.
En esta línea, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) quiere contribuir a la discusión que tuvieron los actores de este Acuerdo Nacional para la Infancia, aportar la visión local para atender, potenciar y optimizar el trabajo que desarrolla el Estado a través de los municipios en materia de protección de la infancia. Por eso, el pasado jueves 5, la Amuch se reunió con los encargados de las Oficinas de Protección de Derechos (ODP), quienes implementan las políticas públicas, proyectos y/o programas provenientes del gobierno central.
La OPD es la principal instancia diseñada en los municipios para atender aspectos de protección de la infancia en sus respectivos territorios, pero el financiamiento y la ejecución de las labores de estas oficinas está sujeto a directrices del gobierno central. De esta manera, muchas veces las municipalidades tienen que responder a las exigencias y objetivos que se les asigne a estas oficinas, aún cuando en los mismos municipios no existan las condiciones necesarias para que el trabajo se ejecute de manera óptima.
Por otro lado, los datos entregados por el Censo del año 2017 para la población de 0 a 14 años dan cuenta de que este segmento representa el 20,1% del total del país; cifra que se espera siga disminuyendo con los años. En cuanto al sexo, el 49% son mujeres y un 51% hombres, y en cuanto a su distribución geográfica existen importantes contrastes: hay un total 39,8% de personas en el rango de edad infantojuvenil en la Región Metropolitana, y tan sólo un 0,7% en la Región de Aysén. En tanto, hay 12 regiones que se encuentran bajo el promedio nacional y sólo tres sobre él.
Además, en un informe titulado “Estructura e inversión municipal en niñez y adolescencia” elaborado por el Gobierno de Chile (2017) dio cuenta de que en el 66% de las comunas del país existen Oficinas de Protección de Derechos (OPD). Teniendo en cuenta el tamaño de las comunas, dicha cifra se desglosa de la siguiente manera: el 94% de las comunas grandes cuentan con esta oficina, mientras que en las pequeñas alcanza el 35%. También existen diferencias en la cantidad de funcionarios, por cuanto en las comunas grandes el promedio alcanza a 9, en las comunas medianas 6 y en las pequeñas 4.
En relación al presupuesto del que disponen, cada comuna recibe en promedio 52 millones, aproximadamente. No obstante, hay diferencias entre comunas pequeñas que, en promedio, reciben del orden de 37 millones anuales, mientras que las grandes alcanzan los 63 millones. Sumado a esto, se constató que el 21% de los municipios (de un total de 333 encuestados) manifestó contar con una Oficina de Infancia, el 35% una oficina de Juventud, y el 15% ambas. En cambio, un 31% no presenta ni OPD, ni oficina de infancia.
Chile necesita una política pública enfocada en la infancia para que proteja a nuestros niños y con una mirada local.
