En marzo pasado, la Asociación de Municipalidades de Chile ingresó al Congreso un proyecto que pretende modificar el Código Penal, con el objetivo de aumentar las penas para quienes amenacen a autoridades comunales en el ejercicio de sus funciones. Uno de los cambios propuestos por la asociación es reemplazar el artículo 267 del cuerpo normativo —que condena la violencia o fraude infringidos a un parlamentario, un miembro de los tribunales superiores de justicia o del Consejo del Estado con 61 a 540 días— por uno que castiga con 541 días a 5 años de presidio a quienes empleen violencia o amenacen al Presidente de la República, ministros, parlamentarios, autoridades regionales, fiscales y a todo funcionario público.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, condenó la amenaza al alcalde Christopher White y mandó un mensaje para los amedrentadores: “A todos aquellos que osen amenazar a una autoridad, sepan que vamos a ir por ellos”.
Tras cifrar en 22 alcaldes que hoy mantienen protección policial —y 18 los fiscales en ejercicio que también cuentan con custodia tras recibir amenazas— el fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó algo preocupante: «Es lamentablemente esperable que la delincuencia organizada trate de controlar un territorio y que enfrente a quienes intentan evitar que tomen control de ese territorio”, dijo.