El encuentro organizado por AMUCH, contó con la presencia Juan Andrés Barrientos, seremi de seguridad de la Región Metropolitana, y logró reunir distintas miradas sobre los riesgos sanitarios, las redes de comercialización ilegal y los desafíos de fiscalización, trazabilidad y seguridad territorial. Entre las principales propuestas destaca la creación de una mesa técnica permanente para coordinar acciones entre organismos públicos, municipios y actores del sector.
Con el objetivo de avanzar en una respuesta coordinada frente al contrabando y la comercialización ilícita de medicamentos, se realizó la Primera Mesa Nacional contra el Contrabando de Medicamentos, instancia que permitió construir un diagnóstico compartido sobre las distintas dimensiones de este fenómeno y establecer propuestas para fortalecer su prevención, fiscalización y abordaje.
El análisis desarrollado durante la jornada puso de manifiesto que la venta ilegal de medicamentos no constituye únicamente una infracción comercial, sino también un problema de salud pública, seguridad y gobernanza territorial, cuyos efectos alcanzan tanto a los consumidores como al comercio establecido y a las comunidades.
“Uno de los principales consensos fue reconocer el riesgo sanitario que representa la adquisición de medicamentos fuera de los establecimientos autorizados. Estos canales impiden garantizar aspectos fundamentales como el origen de los productos, sus condiciones de almacenamiento y conservación, la cadena de frío, las fechas de vencimiento y la correcta dispensación. Esta situación puede comprometer la eficacia de los tratamientos y poner en riesgo la salud de las personas, especialmente de niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y quienes requieren medicamentos de uso permanente”, explicó Esteban Díaz. Director del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.
La mesa también identificó que el comercio ilícito opera a través de distintas modalidades y etapas de abastecimiento, que pueden incluir contrabando, robos, desvíos desde circuitos formales, importaciones irregulares, falsificación y distribución mediante puntos de venta físicos y digitales.
En este contexto, la falta de trazabilidad fue identificada como una de las principales brechas para enfrentar el problema, ya que dificulta conocer el origen de los productos, identificar a los responsables y establecer las condiciones en que fueron transportados y almacenados. Esta situación también limita la capacidad de conectar denuncias, fiscalizaciones e incautaciones para detectar patrones de comercialización ilegal.
Coordinación institucional y trabajo territorial
Otro de los aspectos centrales del diagnóstico fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen en la detección, fiscalización e investigación de estas prácticas.
Municipios, Seremis de Salud, Instituto de Salud Pública (ISP), policías, Ministerio Público, Aduanas y Servicio de Impuestos Internos, junto con farmacias, laboratorios, distribuidores y organizaciones del comercio, cuentan con información y capacidades que pueden complementarse. Sin embargo, la falta de articulación y de mecanismos comunes para compartir antecedentes dificulta dar continuidad a los procesos de detección, fiscalización, incautación y eventual sanción.
En este escenario, se relevó especialmente el papel de los municipios como actores fundamentales para la detección temprana y la prevención territorial. Su conocimiento de los espacios públicos, ferias, focos de comercio irregular y dinámicas locales permite identificar situaciones de riesgo y activar coordinaciones con las autoridades competentes.
Asimismo, se advirtió que la seguridad de funcionarios, comerciantes y denunciantes constituye un factor relevante, particularmente en sectores donde pueden existir vendedores organizados, intimidación o control informal del espacio público.
La instancia también destacó la importancia de diferenciar la actividad de las ferias libres y sus comerciantes autorizados de las redes que eventualmente utilizan estos espacios para comercializar productos ilícitos. La venta ilegal perjudica la legitimidad, seguridad y reputación de las ferias, además de generar competencia desleal para el comercio formal.
Acceso a medicamentos y nuevas formas de comercialización
El diagnóstico identificó que la demanda de medicamentos por canales informales también está relacionada con factores como el precio, la disponibilidad, la cercanía de los puntos de venta y la urgencia de acceso. A ello se suma el desconocimiento de los riesgos asociados a la compra de productos sin respaldo sanitario.
Por esta razón, se planteó que una respuesta exclusivamente punitiva resulta insuficiente y que debe complementarse con acciones de prevención, educación y comunicación, además de fortalecer las alternativas de acceso seguro a medicamentos.
También se abordó el crecimiento de la comercialización digital a través de redes sociales, plataformas y servicios de mensajería, canales que amplían la oferta ilegal, facilitan el contacto con consumidores y dificultan el seguimiento de las operaciones.
Respecto de la posible vinculación con el crimen organizado, se planteó la necesidad de abordar el fenómeno con evidencia, diferenciando las infracciones comerciales y sanitarias de aquellos patrones de abastecimiento que puedan dar cuenta de estructuras delictivas más complejas.
Propuestas para enfrentar el contrabando de medicamentos
Como resultado del trabajo realizado, se estableció una serie de propuestas orientadas a fortalecer la respuesta institucional y avanzar hacia una estrategia de alcance nacional.
Entre las principales medidas planteadas se encuentran:
Crear una mesa técnica permanente e interinstitucional, con participación de autoridades sanitarias, municipios, organismos de seguridad, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, policías, Ministerio Público y representantes de farmacias, industria y ferias libres.
Implementar un sistema común de alertas y trazabilidad territorial, que permita mejorar el intercambio de información y la identificación de patrones de comercialización ilícita.
Establecer protocolos de fiscalización y cadena de custodia, fortaleciendo la continuidad entre la detección de productos, su incautación y los procesos posteriores.
Focalizar las acciones en territorios de mayor riesgo, incorporando medidas de protección para funcionarios, comerciantes y denunciantes.
Desarrollar estrategias de prevención y comunicación, que informen a la ciudadanía sobre los peligros de adquirir medicamentos en canales no autorizados y promuevan alternativas de acceso seguro.
Fortalecer los controles de la cadena formal de distribución, resguardando la trazabilidad y las condiciones de almacenamiento y comercialización.
Establecer un abordaje diferenciado para ferias libres y comercio digital, reconociendo sus particularidades y las distintas modalidades de venta ilegal.
Revisar el marco normativo y evaluar los mecanismos excepcionales de importación, poniendo especial atención en sus controles de trazabilidad y en el destino final de los productos autorizados.
La propuesta de una mesa técnica permanente contempla, además, una secretaría técnica encargada de sistematizar los acuerdos, establecer una periodicidad de trabajo y definir mecanismos de intercambio de información, resguardando aquellos antecedentes que, por su eventual utilidad investigativa, deban mantenerse bajo reserva.
Un desafío que requiere una respuesta articulada
La Primera Mesa Nacional contra el Contrabando de Medicamentos permitió instalar una mirada integral sobre un fenómeno que conecta la salud pública, la seguridad, el comercio y la gestión territorial.
El principal resultado fue establecer que el comercio ilícito de medicamentos se fortalece cuando confluyen consumidores expuestos a barreras de acceso, falta de información, interrupciones en la trazabilidad y capacidades institucionales que no siempre actúan de manera coordinada.
Enfrentar esta realidad requiere, por tanto, una estrategia sostenida que combine prevención, fiscalización, inteligencia, coordinación interinstitucional y educación ciudadana, con el propósito de proteger la salud de las personas y resguardar la seguridad de las comunidades y el comercio formal.
