Mediante la presente investigación lanzada por la Dirección de Estudios de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), se ha propuesto explorar las capacidades básicas de los municipios del país, para hacer frente a situaciones que necesitan una cierta responsabilidad en materia de riesgos de desastres y emergencias en cada comuna.

La muestra definitiva se realizó finalmente con 243 municipios del país, quienes fueron los que respondieron el cuestionario único entre las 345 municipalidades del país, equivalente al 70% del total.

Analizando el panorama mundial, la región Latinoamericana se posiciona como el territorio más propenso a inundaciones, olas de frío y calor, fenómenos atmosféricos y el permanente peligro sísmico que se estima, amenaza a 180 millones de personas.

Es por ello, la relevancia de poner el foco en la prevención y saber que territorios cuentan con protocolos y quienes han comenzado algún tipo de relación con autoridades del Gobierno Central, para contribuir en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

Aquí los principales resultados arrojados:

• El 87,2% de los municipios de la muestra informó contar con una instancia dentro de su organigrama para tratar temas relativos a la gestión de riesgos de desastres y emergencias.
• El 60,8% de los municipios de la muestra afirmó vincularse con sus homólogos para efectos de realizar una adecuada gestión de riesgos de desastres y emergencias.
• El 57% de los municipios de la muestra no cuenta al año 2019 con un Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias que esté vigente. De entre este porcentaje, un 35,2% de ellos advirtió que su actualización está en curso, un 15,9% que actualmente está dentro de sus planes la actualización sin todavía haberse iniciado, y otro 48,9% que no tienen contemplada su actualización en el corto plazo.
• El 75,1% de los municipios de la muestra informó no disponer de un plan específico de gestión para la reducción de riesgos de desastres y emergencias que esté vigente.
• El 48,3% de los municipios de la muestra informó disponer en el año 2019 de financiamiento exclusivo para ejecutar acciones en materia de gestión de riesgos de desastres y emergencias en sus respectivas comunas.
• El 91,8% de los municipios de la muestra informó disponer de albergues en sus respectivos territorios comunales. De entre el tipo de albergues que señalaron estos municipios, un 54% corresponde a escuelas públicas y un 42,9% a instalaciones de propiedad municipal.
• Un 72,5% de los municipios de la muestra informó que sus funcionarios(as) responsables de la gestión de riesgos de desastres y emergencias no poseen dedicación exclusiva.

El investigador y cientista político de Amuch, Valentín Valdés, indicó que el estudio pudo determinar que en la actualidad “existe una tendencia en las municipalidades de contar con algún tipo de institucionalización o trabajo en materia de gestión en la reducción de riesgos y emergencias“.

“Conforme con lo catastrado es posible avanzar hacia una estructura orgánica con mayor solidez y profesionalización que genere políticas de mayor impacto en el territorio”, sostuvo Valentín.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz y presidente de la comisión de la Gestión de Riesgos Locales de Amuch, William Arévalo, manifestó que “los datos son relevantes para que los parlamentarios puedan crear leyes acorde a la situación que se está viviendo”.

“Es urgente que existan planes que puedan resolver y prevenir emergencias. Todos los actores involucrados concluimos que el trabajo debe ser colaborativo, apuntando principalmente a un fortalecimiento de la Onemi con los municipios”, concluyó William.

Principales conclusiones y recomendaciones

En Chile, a nivel de municipios, se están desarrollando acciones de distinta envergadura. Por un lado, la mayoría de los municipios han avanzado paulatinamente en ir cumpliendo con indicaciones provenientes del Gobierno central, a través de ONEMI, designando entre sus funcionarios a un encargado(a) de emergencia, también confeccionado planes de protección civil para sus respectivas comunas; medidas que podrían considerarse como las más básicas para efectos de comenzar a realizar una gestión de riesgos de desastres y emergencias.

Por otro lado, algunos municipios –aunque en menor medida– se han propuesto ir más allá de estas exigencias mínimas y han optado por generar una institucionalidad propia dentro del organigrama municipal, esto con el fin de gestar iniciativas que les permitan perfeccionar su trabajo.

En ese sentido, los esfuerzos debieran apuntar hacia un proceso gradual de escalamiento para que los municipios en el mediano plazo puedan avanzar desde contar con un encargado(a), pasando por la creación de una instancia en el organigrama municipal, hasta lograr dotar a estas entidades de recursos propios, una planificación con objetivos estratégicos y un plan de acción a largo plazo.

Finalmente, se pudo constatar que entre los municipios del país existen brechas respecto a sus capacidades económicas y de formación de sus recursos humanos para efectuar gestión en materia de riesgos de desastres y emergencias.

De ahí que entonces, es necesario aunar esfuerzos para contribuir en la disminución de estas brechas, objetivo que exige de importantes desafíos tales como potenciar la formación de los funcionarios municipales, facilitar la interrelación entre los municipios (a nivel nacional e internacional) para transferir entre ellos buenas prácticas, y diseñar propuestas de mejora en conjunto con el Gobierno y con todos los actores que convergen en este ámbito.

Puedes revisar el estudio o descargarlo en PDF aquí.