En medio de la crisis penitenciaria que se registra en el país, marcada por índices históricos de ocupación y graves hechos de violencia, con agresiones y amenazas a gendarmes e incluso al ministro de Justicia, Luis Cordero, una de las principales políticas impulsadas por el Gobierno se ve envuelta en cuestionamientos y dudas respecto de su eficacia. Se trata de los inhibidores de señal instalados por esta administración que, según diversos anuncios, bloquearían en su totalidad el funcionamiento de teléfonos al interior de las unidades penales del cuadrante Pedro Montt, donde se encuentra Santiago Uno, la Cárcel de Alta Seguridad y Santiago Sur (ex-Penitenciaría).

Esto, ya que desde el interior de Gendarmería gremios de funcionarios que trabajan en dichos penales confirman a “El Mercurio” que dicha tecnología no ha logrado los resultados prometidos durante su instalación y puesta en marcha.

Pese a que el titular de la cartera ha señalado en diversas oportunidades que los inhibidores se encuentran en “plena ejecución”, gremios penitenciarios advierten que estos no han cortado la comunicación de los reos hacia el exterior, y que incluso han sido testigos de cómo los teléfonos de los internos siguen recibiendo llamadas a través de WhatsApp durante los constantes allanamientos que realiza Gendarmería.

Las amenazas que no se concretaron

En esta línea, desde el interior del órgano penitenciario señalan que se atribuye al deficiente funcionamiento de esta tecnología el hecho de que no se hayan concretado las amenazas que se produjeron en la antesala de su implementación, consistentes en eventuales ataques a las antenas desde el exterior para destruirlas, e incluso la posible toma de rehenes de abogados defensores, lo que llevó a órganos como la Defensoría Penal Pública e incluso el Poder Judicial a suspender las visitas de abogados y jueces a dichos penales, con el objeto de resguardar su integridad.

Así, señalan que si bien en algunos sectores la señal es más débil producto de la acción de estos aparatos, aseguran que no se ha logrado la inhibición en un 100%. “Es cosa de ver TikTok”, apuntan, en referencia a los diferentes registros de internos que siguen apareciendo en esa red social y otras.

Proceso manual

Ante esto, desde el Ministerio de Justicia defienden el funcionamiento del mecanismo, aunque admiten que no se ha entregado mayor información al respecto, por temas de seguridad.

El subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, señala a este medio que muchos de los comentarios o cuestionamientos a los inhibidores “pueden ser por desconocimiento de cómo funciona la tecnología”. En esta línea, explica que no se trata de dispositivos que inhiban todas y cada una de las señales de un radio determinado, sino que es un sistema que “lo que hace es detectar los teléfonos dentro de un radio y los captura”, para luego, de forma manual, proceder a su inhibición.

Lo anterior, señala, permite tener teléfonos al interior de los penales que funcionen. “Tenemos lo que se denominan las listas blancas, que son los teléfonos oficiales de Gendarmería. Y, en ese sentido, muchas veces hay algunos funcionarios que creen que no está funcionando el sistema, porque ven que el teléfono sigue teniendo señal”.

Utilidad en investigaciones

Así, detalla: “Yo detecto los teléfonos y puedo diferenciar cuáles bloquear y cuáles no bloquear. Eso permite ser muy precisos en el bloqueo de teléfonos e incluso poder allanar teléfonos que están en funcionamiento, para labores investigativas”. En esta línea, apunta que se está trabajando en conjunto con el Ministerio Público.

En cuanto a resultados, la autoridad de Justicia señala que el sistema “está funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana”, y que “nos ha permitido bloquear más de 10.000 teléfonos, más de 15.000 chips y más de mil redes de wifi, con las que se han intentado montar redes para las comunicaciones internas”.

El subsecretario Gajardo confirma que han detectado que bandas contratan planes de wifi a vecinos del sector para intentar lograr conectarse desde el interior de los recintos.

Piden auditoría sobre costos y funcionamiento

En tanto, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) ofició a la Contraloría para que investigue el funcionamiento de los inhibidores en las cárceles mencionadas. En el escrito, señalan que “hemos sido testigos de que personas privadas de libertad siguen operando desde los recintos penitenciarios y que, de manera totalmente impune, mantienen comunicación permanente con otros integrantes de asociaciones ilícitas que se encuentran delinquiendo en el exterior”.

Y, en esta línea, solicitan una auditoría que permita “determinar con plena certeza qué empresa está a cargo, cómo se están ejecutando los recursos invertidos, cómo se está realizando la instalación y si realmente funcionan de manera permanente o no”.