A un año de su implementación, la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, evalúa el impacto de la ley de delitos económicos y ambientales. Se busca mitigar la corrupción en gobiernos regionales y municipios, los cuales, según una consulta ciudadana, son considerados vulnerables. El organismo, junto con Andrés Chacón, Director Ejecutivo de AMUCH, promueve la ley y la implementación de modelos preventivos, capacitando a autoridades y funcionarios a nivel nacional. Alcaldes formalizados, incluso ganadores de las últimas elecciones, y el caso convenios, reflejan la necesidad de reforzar la transparencia y un trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía, como se discutió en un simposio organizado por la Contraloría con académicos y abogados.
