La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) realizó el seminario “Crimen Organizado y Contrabando”, una instancia que congregó a alcaldes del norte, representantes de Carabineros, PDI, Fiscalía Nacional, Aduanas y expertos del mundo académico para abordar las amenazas del crimen organizado y las estrategias locales de prevención y persecución.
La jornada comenzó con los saludos protocolares del presidente de AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, y del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quienes destacaron la urgencia de fortalecer la coordinación entre el nivel central, las policías y los municipios del norte del país, zona altamente afectada por el contrabando, el tráfico de drogas y la migración irregular.
Durante el primer módulo —dedicado a las políticas de persecución penal— expusieron Marcela Tapia, jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá; el general Jaime Velasco Bahamondes, director de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros; el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI; y José Luis Castro, subdirector de Fiscalización de Aduanas.
La conversación fue moderada por Esteban Díaz, director del Observatorio Territorial de Seguridad de AMUCH.
Posteriormente, el panel sobre políticas públicas contra el crimen organizado y el comercio ilícito contó con las intervenciones del exministro del Interior Rodrigo Delgado, el exdirector nacional de Gendarmería Cristián Alveal, y la secretaria ejecutiva del Observatorio de Comercio Ilícito de la CNC, Nicole Kuppenheim, bajo la moderación de Iván Valdés, académico de la Universidad de Tarapacá.
En el tercer módulo —centrado en las estrategias locales— participaron el director de Seguridad de Antofagasta, Gonzalo Castro; el experto en contrabando Cristian Mediavilla; y la investigadora del CESCRO Universidad San Sebastián, Camila Astrain, moderados por Valentín Valdés, director de Estudios de AMUCH.
El seminario finalizó con un llamado transversal a reforzar las capacidades municipales en materia de prevención, fiscalización y coordinación interinstitucional, como pilares esenciales para enfrentar las redes criminales que afectan a las comunidades del norte del país.
