Este nuevo estudio realizado por la Asociación buscó recoger las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos en torno al crimen organizado, con el fin de contribuir a la comprensión de las prioridades y expectativas locales y nacionales en materia de seguridad pública.
En medio de la crisis de seguridad que atraviesa Chile es relevante levantar la percepción ciudadana para la toma de decisiones.
Los datos arrojados por la consulta evidencian una preocupante brecha de comunicación entre el Estado y la ciudadanía en relación con las acciones contra el crimen organizado.
Con más del 68% de los encuestados declarando sentirse “poco” o “nada” informados sobre las acciones estatales para enfrentar el crimen organizado Si bien el 41,6% de los encuestados considera que el Estado tiene dichas capacidades “en cierta medida”, solo un 22,4% confía completamente en su capacidad. Por otro lado, un 24,4% opina que el Estado no está preparado, lo que evidencia una división en la confianza de las capacidades estatales por parte de la ciudadanía.
El 67% de los encuestados está de acuerdo en que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la sociedad chilena, mientras que solo un 8,7% lo descarta.
“Esta percepción generalizada invita a reflexionar sobre cómo el crimen organizado está afectando la cohesión social, la confianza comunitaria y la capacidad estructural del Estado para desarticular bandas y prevenir sus expresiones delictuales y culturales”, comenta Esteban Díaz, director del Observatorio Territorial de AMUCH.
Por su parte, Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior y Seguridad señaló que, “Para generar políticas públicas es muy importante considerar la percepción de la ciudadanía y este tipo de encuestas va en la línea correcta, porque permite tomar acciones. En ese sentido la Amuch y el Observatorio de seguridad tienen un rol de generar por ejemplo capacitaciones a los distintos departamentos y direcciones de seguridad de municipios para considerar las variables a nivel local”.
Otro de los resultado muestra que un 73,8% de la ciudadanía está dispuesto, en mayor o menor medida, a aceptar un estado de excepción que implique la suspensión temporal de derechos públicos y privados para enfrentar el crimen organizado.
“Este nivel de aceptación refleja la magnitud de las preocupaciones sociales y una crisis de confianza en la capacidad del Estado para garantizar seguridad bajo las condiciones actuales. La percepción de que el crimen organizado ha infiltrado profundamente la sociedad chilena refuerza esta disposición. Fenómenos como el aumento de homicidios, balaceras, narcofunerales, la narcocultura y la relativización de valores tradicionales intensifican la sensación de vulnerabilidad”, agrega Díaz.
Puedes ver la encuesta completa aquí
