En la presente jornada se realizó la Mesa de Trabajo de Asesores Jurídicos de Municipales, instancia organizada por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). La reunión se desarrolló en el Club de La Unión, ubicado en la comuna de Santiago, donde se trataron diferentes temas de ámbito legal que compete a los municipios del país.
Los temas a tratar fueron: Sumarios a alcaldes, relación laboral de contratas y honorarios, instructivo en relación con el ejercicio de la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de los municipios como se establece en la Ley 20.922.
En la cita se encontraron más de 50 asistentes, entre directores y asesores jurídicos municipales, quienes representaban alrededor de 30 comunas de todo el país, entre las presentes se registraron delegados de: Santiago, Talcahuano, Colina, La Reina, Parral, Los Andes, San Carlos, Hijuelas, Mulchén, San Bernardo, entre otros. La dinámica de la reunión permitió una conversación reflexiva, donde se trataron los diferentes puntos mencionados anteriormente, acompañados de debates y transmisión de las distintas experiencias por parte de los gobiernos locales.
Uno de los temas de mayor importancia tuvo que ver con el dictamen N°17.773 entregado el 13 de julio por la Contraloría General de la República, en que imparte instrucciones en relación con el ejercicio de la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de las municipalidades. Respecto a esto se concentró gran parte del debate, los distintos abogados y asesores jurídicos discutieron los puntos inquietantes del instructivo y la forma en que los municipios deban adaptarse a él y así mantenerse dentro de los márgenes de la Ley 20.922.
Entre las principales conclusiones esbozadas por el grupo de juristas tenía que ver con el instructivo mencionado anteriormente, donde se detectó un conjunto de distintas interpretaciones y reparos dentro del dictamen. También se habló respecto a la fecha de entrega del documento, donde se dio a conocer hace un par de semanas, siendo que la promulgación de la ley de efectuó en 2016 y el tope del cumplimiento de la norma es hasta el último día del próximo año. Esta situación trae como consecuencia la complejidad por parte de los municipios que ya comenzaron con el proceso de implementación y el poco margen de reacción para los gobiernos locales que aún no comienzan con el proceso.
Respecto a lo anterior, César Rojas, abogado magíster de la Universidad Católica y experto en Derecho Público manifestó que “ la Ley se promulgó en 2016 y estando en segundo semestre del 2018 la Contraloría recién emite el instructivo, cuando muchos municipios ya tienen sus plantas ingresadas y lo hicieron sin el conocimiento del dictamen. Esto puede producir un escenario delicado porque fue aprobado por el concejo municipal y se realizaron los estudios de diseño, lo que implicaría readecuarse acorde al nuevo instructivo emitido desde la Contraloría”.
